En Veracruz se utiliza la fuerza pública para reprimir a los ciudadanos.

Samuel Aguirre Ochoa.

Xalapa, Ver.- En una sociedad capitalista como la nuestra, en la que unos cuantos individuos se han adueñado prácticamente de toda la riqueza nacional, generando al mismo tiempo, un mayor número de pobres y haciendo que la pobreza se agudice cada vez más, se hace necesario la formación de un aparato especial llamado estado burgués, que tiene como función reprimir a las clases trabajadoras, mantenerlas sometidas para que no se revelen en contra de la enorme injusticia que significa la mala distribución de la riqueza nacional, resultante de la explotación a la que son sometidas las clases que producen dicha riqueza, es decir, los obreros y campesinos.
El estado burgués, como ya lo hemos dicho antes, está compuesto por los diferentes tipos de policías, sicarios al servicio del gobierno, espías, Ministerios Públicos, medios de comunicación de estado, aparato judicial, etc. Y desde que existen las clases sociales en la historia de la humanidad se ha utilizado siempre para resguardar las riquezas de los poderosos. Los que forman parte de este aparato se han enriquecido también, apoderándose de una parte de la riqueza social, en particular la que se paga en forma de impuestos. Es falso que el estado o gobierno burgués tenga como función impartir justicia a todos por igual. A pesar de esto, en la historia han existido matices en el actuar de los funcionarios que la función del gobierno siempre ha sido someter a los débiles y proteger a los poderosos, aunque ha habido matices de los diversos funcionarios en la forma de ejercer el poder.
Unos son más tolerantes a los reclamos de justicia de los sectores pobres; otros se preocupan por administrar bien los impuestos que paga la ciudadanía, transformándolos en obras de beneficio colectivo; algunos se preocupan porque haya seguridad e incluso manifiestan una preocupación genuina en instrumentar políticas económicas y sociales para distribuir mejor la renta nacional. Pero también han existido y existen funcionarios intolerantes y represores ante la menor manifestación de la gente pobre; astutos para vender una imagen falsa, escondiendo lo que realmente son; que actúan de manera facciosa para favorecer sólo a sus incondicionales y, lo que menos les preocupa, es distribuir en forma equitativa la riqueza social, llevando obras de servicios públicos a las zonas marginadas y pobres que permitan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Es de suma importancia que todos los ciudadanos estemos atentos de las acciones de los funcionarios que forman parte del estado burgués para distinguir estos matices.
Hoy que han pasado ya 6 meses del gobierno burgués que encabeza el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, es absolutamente necesario que la población haga un balance de su actuar, para poderlo comparar con otros gobiernos del mismo tipo que han existido en Veracruz y en otros estados de la República. Ya se ha dicho que las cosas no han mejorado en el terreno de la inseguridad, en el de la construcción de obra pública que beneficia a los sectores desprotegidos, en la creación de empleos y en la forma de llevar a cabo los procesos electorales. Ahora hay que agregarle otro aspecto, el del uso de la fuerza pública en el Estado. Y aquí tampoco las cosas han mejorado, por el contrario, es muy preocupante observar el hecho de que se está utilizando la policía para reprimir el más mínimo acto de protesta de los ciudadanos. Ejemplos sobran y sólo mencionaré algunos:
El pasado 7 de junio un grupo de estudiantes de escuelas del estado de Veracruz se manifestó en las oficinas de Espacios Educativos y de inmediato llegaron más de 20 patrullas a desalojarlos. Es cierto que les ofrecieron una audiencia para dos días después, pero en la misma, la respuesta fue negativa, argumentando que no había dinero para construir sus aulas, pero extrañamente ese mismo día, y casi a la misma hora en que se manifestaban los jóvenes fenerianos, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares y el Director de Espacios Educativos fueron a poner en marcha el Programa de Inversión en Infraestructura Educativa 2017, en la escuela José María Morelos y Pavón del municipio de Soledad de Doblado, tierra natal del gobernador. Es decir, no hay recursos para las escuelas de los estudiantes de la FNERRR, pero sí para las del municipio donde nació el gobernador.
Otros casos en donde se ha usado la fuerza pública para reprimir a ciudadanos necesitados de atención son: el de los habitantes del fraccionamiento Costa Dorada que solicitaban agua potable, un servicio elemental; el de los campesinos de Soledad Atzompa, que solicitan el arreglo de sus caminos; el de los vecinos de la colonia Carolino Anaya, que exigían justicia por el asesinato de una persona, a manos de la policía en el año 2016; etc.
Así pues, este gobierno que agachó la cabeza ante la presencia de Paolo Rocca, poderoso empresario dueño de Tenaris Tamsa, está utilizando a la policía, cuya inmensa mayoría son gente proveniente del pueblo pobre y que se sostiene con los impuestos que pagan los ciudadanos, para reprimir de manera sistemática todas las manifestaciones de la gente que tiene sed, que tiene hambre, que pide educación y que exige justica, es decir, se trata de un gobierno intolerante y represor.
Se trata, pues, de un gobierno que no está resolviendo los problemas de los veracruzanos, además que su reputación es seriamente cuestionada, pues tiene denuncias penales ante la Fiscalía del Estado y la misma PGR. A pesar de todo esto, el gobernador del Estado está empecinado de heredarle la gubernatura a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, un individuo soberbio, grosero y hablador.
Se le olvidó acaso al gobernador, cómo los presidentes municipales de su partido, encabezados por su hijo, al que quiere heredar la gubernatura, dieron un golpe de estado a finales del año pasado al tomar el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz. Quizá nuestro estado se encamina hacia una dictadura de corte policiaco. El PAN de los Yunes, puede violentar el estado de derecho como lo hicieron ya, y violentarlo también, coartando el libre derecho de manifestación de todos los demás veracruzanos, establecido en el artículo 9° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Los antorchistas no estamos de acuerdo con esta política de represión y de carácter faccioso y daremos la lucha dentro del marco de la ley para frenarla y conquistar un estado más progresista, en el cual la riqueza se distribuya de manera más equitativa.